Este jueves el pleno de la Cámara de Senadores sancionó el Proyecto de Ley 007, que modifica cuatro artículos de la Ley N° 064 de la Procuraduría General del Estado, y entre sus elementos más destacados regula normativamente la intervención de la institución en defensa de los intereses del Estado, al interior de procesos judiciales.

La nueva norma propone, un Registro de Abogados del Estado (RAE), instrumento que permitirá contar con una base de datos, en permanente actualización, donde figuren todos los abogados que prestan sus servicios en la administración pública, mientras que el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, instrumento también propuesto por el proyecto, permitirá a la Procuraduría General del Estado, cumplir con su mandato constitucional de velar y evaluar las acciones y diligencias de las unidades jurídicas de la administración pública, a través del registro, seguimiento, evaluación e intervención.

“Acabamos de aprobar en la Cámara de Senadores la Ley que modifica las funciones y atribuciones de la Procuraduría General del Estado la 064; básicamente con el objeto de garantizar una eficiente y eficaz defensa de los intereses del Estado a partir de la creación de una Escuela de Abogados. Por otro lado también un registro permanente de los mismos, otro registro de todas las causas que el Estado tiene en trámite de los diferentes niveles de Gobierno Central, Departamental, Municipal, al igual que de las distintas instituciones descentralizadas para hacer el seguimiento correspondiente a través de la Procuraduría General de nuestro Estado”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón.

El registro de los procesos es obligatorio de parte de la Unidad Jurídica que se encargue de ellos.

Por otro lado la Procuraduría General del Estado estará facultada para participar como sujeto procesal de pleno derecho en procesos civiles, penales y coactivos fiscales, por cuantía, establecida mediante Resolución Procuradurial al inicio de cada gestión; o cuando la demandada sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en ejercicio de una institución, entidad o empresa pública, producto de un informe o dictamen aprobado o emitido por la Contraloría General del Estado y finalmente de manera excepcional a solicitud del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo este proyecto aprobado pretende beneficiar a los funcionarios de la administración pública, ampliando la posibilidad de que no solo profesionales abogados puedan formarse en la Escuela de Abogados del Estado, sino cualquier otro profesional, que desarrolle o desee desarrollar sus actividades en la Administración Pública del Estado, el objetivo es lograr la más alta cualificación o tecnificación de los actuales o futuros servidores públicos.

“Hay algunas disposiciones que se están derogando, pero fundamentalmente se están incorporando nuevos incisos y artículos a la Ley 064 dentro del contexto que he mencionado y bajo el objetivo de hacer de la defensa de los intereses del Estado algo que esté absolutamente garantizado. Esto debido porque hemos conocido en el pasado situaciones en las que, en distintos niveles subnacionales de Gobierno, no siempre se ha hecho una defensa eficaz y con mucha responsabilidad”, explicó Milton Barón.

La norma está compuesta por tres artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición adicional, una disposición abrogatoria y derogatoria y dos disposiciones finales.

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