Los senadores Luis Adolfo Flores y Félix Ajpi coincidieron hoy en afirmar que la realización del Censo es competencia del nivel Central y que, de usarse recursos estatales para realizar una encuesta regional, Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, pueden ser procesados y sancionados.

Flores, en esa misma línea, sostuvo que este hecho irregular puede ser denunciado por cualquier ciudadano boliviano bajo el delito de resoluciones contrarias a la Ley y la Constitución Política del Estado.

“Se tendrán que someter a un proceso penal y la obligación del ciudadano boliviano es denunciar (por) resoluciones contrarias. Si quiere llevar un Censo el Gobernador de Santa Cruz y utilizar los recursos del Estado boliviano, tendrá que cambiar primero la Constitución (…)”, revalidó, al sostener que un censo hecho por un Municipio o Gobernación no tendría la credibilidad del que lleva adelante el Gobierno nacional, con veedores internacionales.

Ajpi recordó también que el Ministerio de Planificación a través del INE, empezará con el trabajo de socialización del Censo en los departamentos y regiones con los diferentes sectores; y remarcó en que el paro cívico de 48 horas, "es estrictamente político y con afanes de desestabilización".

“La reunión del Gobierno con los Rectores de Universidades es un trabajo técnico, nada político; al final ya se verá cómo se va a llevar a cabo el Censo el 2024, de carácter altamente científico y que sea útil los próximos 10 o 12 años para planificar el desarrollo del país”, enfatizó el legislador, al puntualizar: "vamos a tomar las acciones correspondientes si se hace un Censo sectorial con los recursos del pueblo cruceño y boliviano”.

Cabe recordar que la reprogramación del Censo de Población y Vivienda para 2024 se ha definido por el Consejo Nacional de Autonomías con la participación de la mayoría de las Gobernaciones y revalidado por un Decreto Supremo y tras reuniones con Alcaldes y Rectores de Universidades.