La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado del Senado, Virginia Velasco Condori, informó este lunes, que el proceso de evaluación de los 1.138 jueces y de los más de 500 fiscales de todo el país avanza a paso firme en el Consejo de la Magistratura y en la Fiscalía General del Estado, con el propósito de detectar irregularidades y delitos en los fallos judiciales que favorecieron a violadores y feminicidas.

En declaraciones a los medios de prensa, la legisladora dijo que uno de los objetivos de la Comisión de Revisión de casos de Violaciones y Feminicidios, conformada por determinación del presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, es procesar y encarcelar a los malos administradores de justicia que se encargaron de beneficiar y otorgar detenciones domiciliarias a los asesinos de niñas, niños y mujeres, por lo que se actuará con mano firme para que ningún caso se quede en la impunidad.

“El Consejo de la Magistratura está evaluando a 1.138 jueces que hay a nivel nacional. Si algún juez ha incumplido o hizo ilegalidades, será sancionado y procesado de menara disciplinaria y penalmente también, de la misma forma el fiscal General del Estado ha anunciado que se va hacer una evaluación a los fiscales de toda Bolivia, que son más de 500 fiscales. Si el fiscal que ha retardado (un caso) que forma parte de un consorcio (de jueces, fiscales y abogados), que está haciendo corrupción también será sancionado y procesado”, dijo Velasco.

Seis sentenciados a 30 años de prisión por los delitos de violación y feminicidio fueron recapturados en las últimas dos semanas por las autoridades judiciales y policiales, tras haberse evidenciado que fueron beneficiados con medidas de detención domiciliaria de manera ilegal, tras la conformación de la Comisión Mixta de Revisión de estos casos.

Luego de conocerse el caso del violador y feminicida en serie, Richard Choque Flores, quien salió de la cárcel y volvió a asesinar, el Gobierno de Luis Arce conformó el 1 de febrero una Comisión de Revisión de casos de Violación y Femicidios integrada por autoridades de los tres órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial para ejecutar una evaluación exhaustiva desde el año 2013 y alejar a los majos administradores de justicia de sus cargos. La Fiscalía y la Policía evidenciaron, tras un proceso de investigación, la existencia de un consorcio de jueces, fiscales y abogados que beneficiaba a reclusos que tenían sentencias ejecutoriadas con 30 años de cárcel por el delito de asesinatos contra mujeres.