El presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, senador Rubén Gutiérrez, aseguró que el objetivo como legisladores es concluir en la presente Legislatura, los procesos de selección y designación tanto a Defensor del Pueblo como a Contralor General del Estado, esto en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, ya que, de lo contrario podrían recibir la censura de la población y una responsabilidad de carácter jurídico-penal.

“(…) Lo que nos corresponde es cumplir nuestro mandato constitucional, eligiendo al Defensor del Pueblo y al Contralor General del Estado; de lo contrario, seguramente la población boliviana que está atenta, va estar censurándonos; pero más allá, inclusive, tendríamos una responsabilidad de carácter jurídico penal”, sostuvo la autoridad parlamentaria por Oruro.  

Gutiérrez afirmó que, en busca de encauzar la etapa de designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, se ha logrado acercamientos individuales con diferentes asambleístas; por lo que, "será importante que previo la instalación de la plenaria, nuestro Presidente nato de la Asamblea convoque, invite, a una reunión a las tres fuerzas políticas que permita acercamientos, los consensos mínimos, cumpliendo la Constitución y nuestro mandato constitucional”.

“Hemos cumplido 45 días de trabajo, de la Comisión Mixta de Constitución, hemos presentado nuestro trabajo que ha sido aprobado, hemos ingresado a la fase de designación y en cuatro oportunidades, no pudimos designar, porque primó los caprichos y cálculos políticos, y consecuentemente se difirió para otro momento (…)”, complementó Gutiérrez.

El pasado 18 de mayo, a solicitud del jefe de Bancada del MAS en la Cámara Baja, diputado Gualberto Arispe; el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, aprobó la moción de aplazamiento de la continuación del proceso de designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, hasta nuevo aviso y tras una quinta ronda de votación fallida.