Senador Chambi denuncia injerencia del Gobierno transitorio en orden de extinción del caso 24 de mayo

Prensa Senado | Sáb, 09/12/2020 - 11:49 | Política

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Efraín Chambi, denunció que la injerencia del Gobierno transitorio de Jeanine Añez deja impune los hechos violentos suscitados hace 12 años en la ciudad de Sucre, con la orden de archivo del Caso 24 de Mayo realizado por la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

 “Denunciamos que pudo más la presión e injerencia del Gobierno golpista sobre el Órgano Judicial, al dejar en la impunidad la humillación y vejación de campesinos en el caso 24 de mayo. La extinción del caso es un fallo político que denota la fragilidad del sistema judicial (SIC)”, publicó el legislador en su red social.

El pasado jueves, el TSE de Chuquisaca ordenó el archivo del Caso 24 de mayo, tras conocer la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesto por cuatro de los acusados en el Caso, donde señalan que no habrían cometido delitos de lesa humanidad. 

Asimismo, el senador Chambi hizo pública su opinión sobre el informe presentando recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos de Naciones Unidas, (HRW por sus siglas en inglés), titulado “La justicia como arma, Persecución política en Bolivia”, documento de 53 páginas que analiza las acciones judiciales que realiza el Gobierno transitorio de forma específica contra el ex presidente, Evo Morales, líderes sindicales y simpatizantes del MAS-IPSP.

“El régimen de Jeanine Añez no respeta los derechos inherentes de todo ser humano y menos el derecho internacional.  ONU Human Rights afirmó a través de un informe que Evo Morales
 es víctima de la extrema judicialización y persecución al igual que autoridades y líderes sindicales (SIC)”, publicó en su red social la mañana de este sábado.

El informe de HRW señala que el gobierno de Jeanine Añez presionó de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.