El Pleno de la Cámara de Senadores, a través de una Declaración Camaral, rinde homenaje a las bolivianas y bolivianos que resistieron al Impuesto al Salario, denominado “impuestazo”, anunciado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert, en febrero del año 2003 y a aquellos que perdieron la vida en los hechos suscitados por la defensa de los derechos de los trabajadores.

En febrero del 2003, Bolivia vivió uno de los momentos más trágicos de su historia, al encontrarse en déficit fiscal y ante una grave crisis económica, provocada principalmente por el modelo económico neoliberal, sumado a la privatización y capitalización de empresas estratégicas.

Ante esta situación, el 9 de febrero de 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial, anunciaron crear un impuesto al salario nacional, de manera que los que tenían pocos ingresos estaban obligados a pagar un elevado tributo, dejando a los empleados trabajadores bolivianos desprotegidos de la tutela del Estado.

La intención de confiscar parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en febrero de 2003, provocó el rechazo y descontento de la población boliviana, a tal medida impositiva, dando lugar a una lucha popular generalizada y rápida e inmediata en todas las calles de la ciudad de La Paz, El Alto y en las principales ciudades capitales de otros Departamentos del país.

La movilización de febrero del año 2003, más allá de ser una medida en contra del pueblo boliviano, dio a conocer el descontento social acumulado por el fracaso del modelo económico neoliberal. La protesta frente a una nueva embestida a requerimiento del Fondo Monetario Internacional, la impotencia de la gente y la posibilidad de expresar esa inconformidad a través de la desobediencia y la contravención, se dieron en un clima donde imperó el caos y el desgobierno.