La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra afirmó que la importación de los respiradores para enfrentar la pandemia del coronavirus evidencia que existen servidores públicos que usan esta crisis para dañar económicamente al Estado y cometieron delitos contra el Estado y la salud de los bolivianos.

“Mientras le pedimos a la gente que se quede en sus casas, que cumpla la cuarentena que ponga en riesgo sus fuentes laborales, que sacrifique su organización diaria; resulta que la gente cumple su tarea y el Estado no lo hace, mientras los trabajadores de salud exponen su vida todos los días hay servidores públicos que están utilizando la crisis sanitaria para dañar económicamente al estado y poner en riesgo la salud de todos los bolivianos”.

Agregó que “el Ministerio de Salud no verificó la oferta más favorable para el Estado (…) no tomó la optó más barata, no optó por la producción nacional tomando en cuenta que hay cerca de ocho registros de respiradores automáticos trabajados en el país”.

La legisladora cruceña hizo notar que existen dos delitos cometidos por las autoridades del Ejecutivo, uno relacionado con daño económico al Estado, ya que se constató que hubo un sobreprecio en la adquisición de estos equipos; además que hubo delitos contra la salud publica ya que las características de los equipos no cumplen con los requisitos que recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con relación al primer punto, Salvatierra precisó que una entrevista realizada al gerente General de la empresa GPA Innova, Pau Sarsanedas detalla que los equipos tienen dos precios de acuerdo al modelo fabricado, el básico cuesta 6.500 euros (unos $us 7.100) sin accesorios y el modelo avanzado 9.000 euros (unos $us 10.000) sin accesorios, el intermediario para el país por la urgencia optó por el primer modelo.

Mientras que el gobierno boliviano anunció que cada respirador tuvo un costo de 27.683 dólares por unidad, evidenciando que hubo un sobreprecio, “pero además de constato que había otra propuesta económica de 12.500 dólares con una propuesta de 15 días a cargo de la empresa Cosin”.

Tampoco se tomó en cuenta las propuestas de respiradores hechos en Bolivia, a pesar que existen ocho registros de este tipo de equipos a un costo mucho más inferior a los mencionados por el gobierno nacional.

En ese marco, la senadora del MAS precisó que a esos presuntos hechos de corrupción se debe sumar la participación de los intermediarios y entre ellos se encontraría un cónsul designado en España, “que tendría vínculos familiares con una candidata de la agrupación Juntos”.

Respecto al tema de delitos contra la salud pública, Salvatierra mencionó – citando a los profesionales intensivistas del país – que los equipos comprados no cumplen ni el 10% de los requisitos exigidos por la OMS. “Existe efectivamente delitos contra la salud pública, se importan equipamientos para el sistema sanitario que no corresponde a las especificaciones de la OMS que pone en riesgo la vida de los pacientes y que además llegarían a partir del mes de julio cuando ya se llegue al pico de contagios, con un probable colapso del sistema sanitario”.

 Contradicciones

La senadora lamentó que las mismas autoridades de gobierno se contradigan con relación a la adquisición de los equipos, mientras el embajador para la ciencia y tecnología sostuvo que llegarán 500 respiradores, la presidenta Jeanine Añez entregó 170 de estos equipos, días después el embajador Mostajo indicó que se trata de un lote de respaldo y publicó que están en ruta solamente 67 respiradores.

Otra contradicción que se evidenció es con relación a la toma de pruebas, mientras e exministro Aníbal Cruz aseveró que en el mes de mayo se realizarían 1.200 pruebas diarias, el actual titular de esa cartera reveló que solamente se hacen 500.

En ese marco, Salvatierra anticipó que se solicitará una Petición de Informe Oral al Ministro de Salud sobre estos temas, muy a parte de la denuncia penal plantea por la senadora María Oporto.