La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado informó que el proceso de selección y designación de Fiscal General de la Nación continúa dentro de los plazos establecidos en el cronograma de sus actividades. Ahora comienza la etapa de evaluaciones y se prevé que serán 13 días de intenso trabajo. A principios de octubre la Asamblea Plurinacional debe designar al nuevo Fiscal General de la Nación.
La presidenta de la comisión, la senadora Adriana Salvatierra Arriaza recordó esta mañana, que se presentaron 53 postulantes y que producto de la etapa de verificación de requisitos, 38 aspirantes quedaron habilitados y 15 quedaron fuera. Apuntó también que en la etapa de impugnaciones –que fue de siete días- “Al momento de la resolución de las impugnaciones (…) un total de 19 de los 53 postulantes fueron impugnados y de ellos, 15 quedaron inhabilitados y dos (postulantes) impugnaron su inhabilitación”.
Ahora arrancará la etapa de evaluaciones que tiene tres fases: 1.- Evaluación curricular (40 puntos) 2.- Evaluación escrita (30 puntos) 3.- Entrevista (30 puntos). Los postulantes que pasen a consideración de la Asamblea Legislativa deberán acumular un mínimo de 56 puntos.
Para la evaluación escrita se elaborarán al menos 120 preguntas. El día del examen se sortearán 60 que el Sistema Universitario entregará a cada aspirante en sobre cerrado, con un código asignado que resguardará su identidad y alejará la posibilidad de que alguno de los candidatos pudiera ser favorecido o perjudicado en el proceso de calificación.
Sobre la evaluación escrita, el presidente del Senado, Milton Barón señaló: “Aquí la universidad es protagonista central porque son los del Sistema Universitario Boliviano quienes elaboran las preguntas y revisan los exámenes”,
En las últimas horas hubo algunas reacciones de ciudadanos que presionaban para que la Comisión Mixta saque del proceso a algunos candidatos. Adriana Salvatierra se refirió a ellos y explicó que en algunos casos sólo se presentaron fotocopias y no documentación fehaciente como mandaba la reglamentación. “Si presentan fotocopias simples, como se dio el lujo de presentar el diputado Rafael Quispe (…) evidentemente esto no tiene valor legal que pueda acreditar la inhabilitación; y esto nos pasó con varias impugnaciones” y concluyó con una frase contundente “Nosotros no podemos poner en riesgo un proceso por no actuar conforme a derecho. Existen principios constitucionales como la presunción de inocencia y el Reglamento establece que para que una impugnación tenga lugar, debe tener una prueba idónea”.