El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, este jueves, el informe conclusivo de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización. El documento deberá ser remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales.

De acuerdo a los datos, desde 1985 hasta 2005, el total del daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales llega a un estimado de 22.051 millones de dólares.  

Durante la presentación del último informe, el presidente de la Comisión investigadora, senador Rubén Medinaceli, explicó que la enajenación de varias empresas estatales consistió en el cierre, privatización y capitalización de las mismas.

Dentro los datos, funestos para el país, resaltan cuantiosas cantidades de dinero que fueron usurpados al patrimonio del Estado, por ejemplo, el perjuicio económico, por la privatización de empresas departamentales, supera los 27 millones de dólares.

De acuerdo a Medinaceli, durante los 20 años que duró el modelo neoliberal en Bolivia, este sólo provocó que el país se sumerja en un endeudamiento insostenible.  Ya en 1996, la deuda externa había llegado a $us 4.644 millones, el 62,8% del PIB, con una tendencia decreciente a la obtención de ingresos por las exportaciones, una alta tendencia al crecimiento en las importaciones e incrementos permanentes de la deuda.

Hacia el 2000, la aplicación de las políticas neoliberales no logró sacar a Bolivia de su catalogación, como uno de los países más pobres de la región, menos competitivo y altamente endeudado del mundo.

De acuerdo al Senador, toda esta corriente, donde se genera la capitalización ocasionó que Bolivia pierda considerables sumas de dinero, producto de una forma encubierta de privatización, para favorecer exclusivamente al sector privado.

Durante ese periodo, que soportó Bolivia, se descapitalizó más de siete empresas estratégicas para justificar su capitalización, y así las transnacionales definieran precios de los productos, además de los servicios.

Tras finalizar la presentación del informe conclusivo, Medinaceli, dijo que una de las recomendaciones del pleno, en base a los análisis jurídicos de cada uno de los casos, es que la Comisión prepare proyectos de proposición acusatoria. “En esa línea nos vamos a reunir para cumplir con esta recomendación de la Asamblea Legislativa”, dijo el Senador al añadir que otra sugerencia de ambas Cámaras es la de socializar el informe de investigación, de tal suerte que todos los bolivianos lleguen a conocer, en su real dimensión lo que fue este proceso enajenador.

Entre los gobiernos neoliberales involucrados en el funesto proceso, figuran: Víctor Paz Estensoro y Julio Garret Ayllón, Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga y finalmente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Quisbert.

Recordemos que la primera comisión especial fue conformada en julio de 2013, para investigar el proceso de privatización en Bolivia, posteriormente el 2015 por determinación de la ALP se decidió ampliar el proceso hasta su conclusión.

Finalmente, durante tres sesiones consecutivas, desde el pasado martes 15 hasta hoy jueves, la Comisión Especial presentó el trabajo realizado, en un informe de 2.700 páginas, dividido en tres tomos respectivamente.