En una publicación realizada en sus redes sociales, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aseguró que el Decreto Supremo 4459 es “un testimonio del coraje, la dignidad y sabiduría de nuestro pueblo que de manera pacífica recuperó para Bolivia el Estado de Derecho”.
En la publicación realizada durante este martes, el titular del Senado, saludó la promulgación del Decreto Supremo 4459 que declara el 18 de octubre de cada año, como el “Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural”.
“Es importante que las nuevas generaciones conozcan que el Golpe de Estado de noviembre de 2019 violentó el orden constitucional y abrió un capítulo negro de la historia de Bolivia”, señala el texto publicado.
Entre los aspectos constitucionales y legales que marcan la existencia de un gobierno de facto hasta antes del 18 de octubre de 2020, el presidente de la Cámara Alta, detalla que Jeanine Añez, nunca fue electa presidenta del Senado; por lo tanto, no estaba contemplada en la línea de sucesión constitucional que establece el artículo 169 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y que, para justificar ese acto inconstitucional uno de los operadores del golpismo usó un comunicado del Tribunal Constitucional y argumentó que la sucesión se debía aplicar “ipso facto”; es decir “en el acto”, lo que generó la instauración de un gobierno de facto.
Asimismo, el legislador remarca en su publicación que el artículo 39 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ese órgano de control de la supremacía constitucional emite las siguientes resoluciones: Sentencias Constitucionales, Declaraciones Constitucionales y Autos Constitucionales. Los “comunicados” no son resoluciones y tampoco tienen carácter vinculante.
Rodríguez, afirma que el gobierno de facto de Añez violó derechos humanos y políticos reconocidos en la CPE y provocó masacres que son delitos de lesa humanidad que no prescriben y que, estos luctuosos acontecimientos de violación de derechos humanos han sido denunciadas por la CIDH, la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado y el Defensor del Pueblo.