El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, anunció en conferencia de prensa, que la dirigencia de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, presentarán, este martes, una demanda ante el Ministerio Público, contra el líder del grupo irregular denominado Resistencia Juvenil Cochala Yassir Molina, por el delito de atentado contra la salud pública.

“Vamos a presentar una demanda en contra de este señor (Yassir Molina), por ser un delito contra la salud pública, de acuerdo al artículo 216 del Código Penal; el Ministerio Público de oficio debería iniciar las investigaciones. Vamos a presentar una demanda ante el Ministerio Público como dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”, informó.

De manera previa, el Presidente del Senado presentó un audio de Molina donde, éste devela que durante la primera ola de la pandemia habría infiltrado personas contagiadas del Covid-19 dentro de las organizaciones sociales, con el fin de propagar el contagio dentro los diferentes municipios, principalmente en el Trópico de Cochabamba.

“Utilicemos la lógica, guerra avisada no mata soldados, ahorita el Covid ya ha hecho su trabajo, porque, ¿ellos han estado moviéndose por todos sus municipios buscándonos nove?, y los que están infiltrados, que están contagiados, van a contagiar a todos estos co…. Ya están nueve días; cuatro días más y van a empezar a tener más infectados, y van a empezar a morir y cuando estén así, no vamos a hacer conferencia de prensa pues, directo les vamos a caer”, señala el audio del líder de la Resistencia Juvenil Cochala.

El titular del Senado, lamentó que este hecho haya sido avalado y socapado por el gobierno de facto, ya que en diferentes oportunidades Molina fue respaldado por autoridades de Áñez.

“Este daño contra la salud pública no tiene reparo alguno, (…) esto ya pasa a lo más extremo de la violación y afectación contra la salud pública en la gestión del gobierno de facto”, lamentó.

El artículo Nro. 216 del Código Penal (delitos contra la salud pública), señala que el que “propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias” podría recibir una pena de privación de libertad de uno a 10 años.

En caso de que las víctimas pertenezcan a una nación o pueblo indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad, la pena será agravada en un tercio.