La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, denunció en la audiencia virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019 hubo vulneración a los derechos, por lo que demandó una investigación transparente sobre lo ocurrido y la forma en la cual se dio la transición forzada de gobierno.
“Todos tenemos derecho de acudir a estas instancias para reclamar la vulneración de derechos que paso en nuestro país, se creó disturbios, persecución política a diferentes autoridades en nuestro país (…) Secuestraron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para obligarlo a renunciar, sacaron una nota de aprehensión contra a senadora (Adriana) Salvatierra para que ella también renuncie y deje un vacío de poder para forzar esta sucesión constitucional”, relató Copa en el 177 periodo de sesiones de la CIDH.
La audiencia denominada “Situación General de los Derechos Humanos en Bolivia”, fue el escenario en el cual la primera autoridad del Órgano Legislativo hiciera conocer que entre octubre y noviembre de 2019 se registraron disturbios y persecución política en Bolivia, además de cuestionar la forma en la que se expresó el actual representante diplomático de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio.
En ese marco, la senadora alteña solicitó a los integrantes de la CIDH realizar una investigación transparente y correcta. “Lo que buscamos los bolivianos es justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos, que dejaron huérfanos y viudas”.
Agregó que “nosotros queremos justicia en nuestro país y lamentablemente el gobierno de transición piensa que se va a quedar eternamente, por eso saca carta blanca para que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana arremetan contra la población”.
Al finalizar su intervención, puntualizó que la ALP tiene la tuición de fiscalizar los actos del Órgano Ejecutivo, aspecto que está siendo vulnerado, ya que las actuales autoridades del Gobierno transitorio evitan enviar los informes sobre las actuaciones de los uniformados en los operativos conjuntos realizados en los conflictos poselectorales de la gestión pasada y las que se realizan actualmente con participación de grupos paramilitares y parapoliciales.