El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el jueves la resolución que recomienda a la siguiente legislatura (2020-2025) continuar con la investigación sobre el proceso de privatización y capitalización entre 1989 y 2000 y elaborar proposiciones acusatorias respecto a otros casos o delitos detectados relacionados.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional (…) resuelve recomendar a la próxima legislatura la conformación de una comisión especial mixta a objeto de dar continuidad al proceso de privatización; elaborar proposiciones acusatorias sobre otros casos y delitos detectados por el proceso de privatización y capitalización y coadyuvar en procesos judiciales instaurados sobre el tema”, reseña la resolución aprobada en la última sesión de los legisladores salientes.

De acuerdo con los datos, el total del daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales llega a un estimado de 22.051 millones de dólares. 

Durante la presentación del último informe, el presidente de la comisión investigadora, senador Rubén Medinaceli, explicó que la enajenación de varias empresas estatales consistió en el cierre, privatización y capitalización de las mismas.

Dentro los datos, funestos para el país, resaltan cuantiosas cantidades de dinero que fueron usurpados al patrimonio del Estado, por ejemplo, el perjuicio económico, por la privatización de empresas departamentales, supera los 27 millones de dólares.