La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el sábado, con modificaciones, el Reglamento de preselección de candidatos a máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, además de la convocaría que permite habilitar el proceso.
“Se ha modificado el documento, el principal propósito ha sido el de darle vida a este proceso que, si todo sale como estamos planificando, debiera estar desembocando en las elecciones el domingo 22 de octubre. El proceso comienza oficialmente el domingo (30 de abril) con la convocatoria que saldrá publicada en medios de circulación nacional”, explicó en conferencia de prensa el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
Precisó que los profesionales abogados podrán presentar su postulación a partir del 2 de mayo, durante 25 días.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, explicó que dichas modificaciones abarcan el incremento de los años de no militancia política, de uno a cinco años; y la incorporación del requisito que limita la participación de personas con un cuarto grado de parentesco consanguíneo y segundo de afinidad; además que limita la participación de quienes hubieren sido dirigentes de organizaciones políticas o candidatos durante los últimos cinco años.
Salvatierra señaló que, tomando en cuenta que el día de la votación existirán dos papeletas, una de circunscripción departamental y otra de circunscripción nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional pasen el proceso de preselección a la Comisión Mixta de Constitución; y el Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental a la Comisión Mixta de Justicia Plural.
Asimismo, dijo que los postulantes cuyo puntaje acumulado entre las fases de evaluación curricular y evaluación escrita no les permita habilitarse para su preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni obteniendo el puntaje máximo en la entrevista, serán inhabilitados y excluidos de la misma.
“Además, en la Resolución se plantea autorizar a que ambas Cámaras cuenten con los recursos para cubrir los gastos de la Comisión de profesiones delegados por el Sistema Universitario”, sostuvo.
La legisladora resaltó que en el proceso se incorpora la participación del sistema universitario, a través de delegados del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que hizo posible la redacción del Reglamento.
“Todo el proceso de construcción del Reglamento fue realizado en forma conjunta con el sistema universitario, y hemos garantizado compartir dos etapas, fundamentalmente; la primera de ellas es la valoración meritocracia, que en este reglamento tiene una puntuación de la formación académica, de la experiencia laboral y producción intelectual, y además, el Sistema Universitario elaborará una batería de 720 preguntas que serán distribuidas en el momento del examen escrito”, informó.
Aseguró que en el documento se incorporó los principios de ética, publicidad, transparencia, meritocracia, idoneidad y competencia, esfuerzos realizados para que los mejores profesionales representen a una nueva justicia en la que la población boliviana está poniendo sus esperanzas.
Explicó que se acordó también la estructura y ponderación matriz de la evaluación curricular, en base a los ajustes emergentes de las observaciones realizadas por los participantes de la Comisión y ajustes en el Reglamento referidos a la forma de acreditación y requisitos.
Resaltó que el documento incorpora como requisitos el no tener procesos por violencia intrafamiliar, ni procesos penales con imputación formal y estar inscrito en el Registro Público de la Abogacía (RPA). Además, amplía plazos para la verificación de requisitos, impugnaciones, resolución de las mismas, eliminación de la publicación de la lista de inhabilitados y la facultad de solicitar a las entidades información de los postulantes.
Para garantizar la transparencia del proceso, se utilizarán herramientas tecnológicas que permitan que en el momento del sorteo para la evaluación escrita, recién el postulante conozca las preguntas; así también, en base a códigos QR se manejará el nombre de los postulantes.
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