En el marco de la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria que se encargará de investigar el proceso de contrataciones entre el Estado boliviano y la empresa China CAMC Engineering Co., Ltd. El presidente de la Cámara de Senadores José Alberto Gonzales, informó este viernes que se realizó un inventario de todas las contrataciones directas que realizaron no solo el gobierno central, sino también las gobernaciones y alcaldías.

En ese contexto Gonzales aclaró que dentro de la normativa, no están prohibidas las contrataciones o invitaciones directas para ningún nivel del Estado, como aseveraron algunos opositores, anticipando así un indicio de corrupción por parte del Gobierno. 

“En las denuncias que formula la oposición, da la impresión que los únicos que hacen contratos directos es el Gobierno Central, esa es la impresión que quieren dejar. Aquí estamos demostrando con estos datos, que primero; la contratación directa es una figura que forma parte de la estructura jurídica de nuestro país, agotas las invitaciones, haces licitaciones, no se presentan, se declaran desiertas, y tienes el mecanismo de hacer una contratación directa para hacer una obra, que es lo que también hacen los municipios y gobernaciones de la oposición”, mantuvo.

La primera autoridad del Senado enfatizó que estas invitaciones directas no se tratan de una  competencia, sino de la necesidad de ejecutar proyectos para el país. “Aquí no estamos tratando hacer una competencia de quién hace más contratos, ese no es el punto, lo que queremos es hacerle entender al ciudadano, que cuando uno habla de una contratación directa, está hablando de algo que está absolutamente amparada dentro las leyes. Si el gobierno central hizo este trámite, también las gobernaciones y municipios de la oposición hicieron 1047 contrataciones directas, aquí no se trata de montos”, subrayó.

“Lo único que hemos querido es puntualizar que contratación directa no es mala palabra, no es una figura antijurídica, ilegal o que esté reñida con la normativa; segundo, que no es solo el Gobierno Central que lo hace, sino también gobiernos municipales y departamentales por la necesidad de ejecutar proyectos, obras o servicios”, señaló Gonzales.