La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suscribió el martes un convenio con la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para viabilizar el flujo de información con el fin de investigar el caso Odebrecht y Camargo-Correa.

“En el marco de la Comisión Especial (…) se ha suscrito un importante acuerdo que va a permitir, de manera oficial, que la información de diferentes instancias, tanto a nivel nacional como internacional, pueda fluir por los distintos canales oficiales”, informó el presidente del Senado, José A. Gonzales.

El legislador precisó que esas dos instancias serán las encargadas de administrar la información y eventualmente tener la posibilidad de relacionarse con sus pares de otros países que podrían dar la información con la que trabajará la Comisión.

Por su parte, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, explicó que el flujo de la investigación y documentación que se pueda obtener de otros países, será canalizado por esas dos instancias.

“Son dos convenios que hemos suscrito a través de los cuales vamos a recibir las solicitudes de documentación por parte de la Comisión Mixta y vamos a canalizar este tipo de solicitudes a objeto de contar con información idónea y adecuada que le dé certeza al proceso de investigación”, dijo.

Indicó que la vigencia de los acuerdos concluirá una vez que terminen las gestiones de la Comisión Mixta.

En la misma línea, la directora ejecutiva de la UIF, Teresa Morales, sostuvo que esa institución debe realizar investigaciones de los movimientos financieros y patrimoniales de quienes serán investigados por las autoridades competentes.

“A efectos de lo que esta entidad nos solicite, vamos a hacer las investigaciones financieras y patrimoniales que correspondan en cada caso”, aseveró.

Asimismo, las presidentas de la Cámara de Diputados y de la Comisión Mixta de Investigación, Gabriela Montaño y Susana Rivero, respectivamente, aclararon que la única instancia determinada para realizar las indagaciones es la compuesta por diputados y senadores autorizados por una Resolución aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que cualquier otra instancia carece de legitimidad.