La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga el manejo irregular de las empresas estatales por parte del Gobierno en el periodo de transición, presidida por la senadora Máxima Apaza, aprobó el miércoles la presentación de una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra los ministros de Hidrocarburos y Energías, Víctor Hugo Zamora y Rodrigo Guzmán, respectivamente, y los titulares de YPFB, Richard Botello; ENDE, José Kreidler; y ENTEL, Eddy Luis Franco, por no brindar información sobre el supuesto manejo irregular de esas empresas públicas.

 

En sesión ordinaria, los asambleístas también aprobaron el proyecto de Ley de Protección de Empresas Estratégicas del Estado y Nacionalizadas, que declara prioridad nacional el resguardo del paquete accionario de las empresas estratégicas del Estado o empresas nacionalizadas.

 

“Los ministros y los titulares de las empresas no hicieron llegar la documentación que solicitamos desde mayo, por eso la comisión tomó la decisión de presentar la denuncia ante la Fiscalía (…). Por otro lado, nos preocupa la enajenación de las empresas que son el sostén económico del país, por eso aprobmos un proyecto de ley para que las empresas no sean privatizadas”, señaló la senadora Apaza.

 

El proyecto de ley, de tres artículos, prohíbe de manera expresa la transferencia o entrega de acciones, bajo cualquier modalidad, de empresas estratégicas del Estado o de empresas nacionalizadas a privados, en desmedro de la economía nacional.

 

El documento indica que el Órgano Ejecutivo, previo a la venta o entrega de acciones o de privatización de empresas estratégicas o nacionalizadas, deberá hacer conocer mediante informe técnico sustentado y auditado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la necesidad de la transferencia o devolución de acciones, e informará sobre la afectación al Estado, la percepción de recursos o la afectación a algún fondo que beneficie a la población boliviana.

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional aceptará o rechazará el informe a efectos de que se dé curso a la solicitud de venta, transferencia o entrega de acciones de empresas estratégicas o empresas nacionalizadas.

 

Asimismo, la comisión especial aprobó la ampliación del plazo de trabajo por diez días más, es decir hasta el 12 de octubre, fecha en la que presentará su informe final al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.