La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha contra el Covid–19 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) encontró contradicciones en la documentación que fue recibida tanto de la Fiscalía, como de Boliviana de Aviación (BoA) y la Aduana Nacional, ya que el material solicitado en compra por el Ministerio de Salud son resucitadores, equipos muy diferentes a los respiradores anunciados, además que figuran como compra en algunos documentos y como donación en otros.

El presidente de la comisión, el senador Ciro Zabala explicó que “se revisó documentación que viene de la Fiscalía, de BOA, de la Aduana y encontramos errores garrafales en esta situación, el pedido es de resucitadores pero todo el problema se hizo por respiradores, no sabemos cómo es posible que para una pandemia para el Covid – 19 se pida resucitadores, o sea que estaban esperando que existan hartos muertos (…) lo que encontramos en la documentación del pedido dice textualmente resucitadores y no respiradores”.

Agregó que “hay otro conflicto donde en ciertos papeles aparece como donación ciertas cosas y en otros papeles aparece como comprados, pero no encontramos muchas cosas que obviamente, cuando sean certificadas con toda la documentación recién podremos expresar un juicio de valor”.

En la quinta sesión de la Comisión – la primera con participación virtual de dos legisladores – la asesora de la misma hizo conocer que se tienen más de 1.000 fojas que son revisadas minuciosamente y es ahí donde se encontró esas contradicciones y detalló a los asambleístas que el pedido del Ministerio de Salud dice expresamente “resucitadores”.

Zabala puntualizó que los resucitadores son equipos que existen en casi todos los aeropuertos del mundo y que sirven para una reanimación cardiaca cuando alguna persona sufre un paro cardio-respiratorio y que requiere un apoyo mecánico para respirar después de ser reanimado, equipo muy diferente a los respiradores o ventiladores mecánicos que tiene como finalidad evitar que el paciente llegue a un paro cardiaco.

“Lo que nos mandaron son resucitadores, uno de estos equipos tiene un valor – en Bolivia – de 1.200 dólares con batería y todas las cosas para que funcionen”, sostuvo el senador, por lo que cuestionó que las autoridades del Ejecutivo pidan resucitadores y luego lleguen respiradores, “aquí hay toda una serie de elementos que concatenados aparentan haber confusiones muy grandes entre lo que se pidió y llegó”.

Precisó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) cuenta con la suficiente experiencia sobre qué tipo de equipos se deben solicitar, ya que cuentan en su haber con más de 1.200 centros de salud y hospitales construidos en todo el país.

El Presidente de la Comisión investigadora acotó que ya se conformó una lista de nueve personas que deberán comparecer ante los legisladores y dar explicaciones sobre su participación en el proceso de adquisición, por lo que ya se inició los trámites para que los implicados con reclusión preventiva puedan acudir al Legislativo o en su defecto sean los diputados y senadores quienes acudan a los recintos carcelarios para escuchar sus declaraciones.

En la oportunidad, estuvo presente el subcontralor de servicios legales de la Contraloría General del Estado, Edino Clavijo, que explicó a los asambleístas cual es el trabajo que desarrollan en esta adquisición y el procedimiento que se debe aplicar al momento de evaluar la documentación recibida.