El proceso de privatización de las Empresas Públicas del Estado, que fue ejecutado por los gobiernos neoliberales, desde 1985 hasta el año 2005, fue presentado, este martes, en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La investigación estuvo a cargo de la Comisión Especial Mixta, que dio a conocer cuantiosas sumas de dinero que fueron despojados al Estado por acciones antieconómicas que causaron daño al patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas.

“Se trata de saber, por qué se hizo daño al país, por qué se privatizaron empresas, por qué se cercenaron recursos de los bolivianos; quienes fueron los culpables, cuáles fueron las explicaciones, cómo se argumentó y cómo se intentó legitimar este terrible daño a Bolivia, que hizo retroceder décadas en su vida económica y social”, señaló el presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera.

Con este informe se pretende llegar a toda la población, porque no se puede repetir que Bolivia sea un país que se estanque en su economía. Por ello el informe de estas miles y miles de páginas, para que nunca más se maltrate al Estado como se la maltrató entre el 1985 a 2005, señaló Linera.

Proceso de Privatización

En una primera parte de la investigación, el presidente de la Comisión, Rubén Medinaceli, explicó que el proceso de privatización, tuvo cuatro modalidades, la primera en forma de venta, incluso con empresas en marcha, venta de acciones estatales o títulos valores, venta de activos y lotes de empresa. Mientras que la segunda fue a través de cesión directa, la tercera mediante la entrega de derechos, a través de la explotación de servicios públicos y finalmente el proceso mixto.

De acuerdo a Medinaceli, por ejemplo, la privatización y cierre de las empresas de las Corporaciones de Desarrollo (Cordes), desaceleró el desarrollo regional en los nueve departamentos. “De las 73 empresas privatizadas o cerradas de las Cordes: 40 empresas estaban dedicadas a la agropecuaria y la producción de alimentos, 12 empresas al sector de la construcción, 7 empresas, al transporte y comunicación, 9 empresas, al desarrollo productivo y 5 a otras actividades”, detalló Medinaceli.

Asimismo, fueron interrumpidas cadenas productivas que empezaban a conformarse, articulando la producción agrícola e industrial, es el caso de la Empresa Nacional de la Castaña, la Planta de Ají en Chuquisaca, la Planta Industrializadora de Quinua, la Planta Integral de Café, Industrias Agrícolas de Bermejo entre otras.  

La investigación del proceso de privatización también destapó más datos nefastos, como la irracionalidad en el pago por consultorías, por ejemplo, el caso de la Planta de Pollos BB (Chuquisaca) dónde se gastó en consultorías $us. 21.972,18 y la planta fue vendida en $us. 16.320,00. Similar caso fue el del Taller de Cerámica Artesanal Sucre dónde se pagó $us. 28.155 y el mismo fue vendido en sólo $us. 6.100,00.

Otra dato funesto, es sobre el financiamiento para la privatización, de acuerdo a la investigación, este fue mayor al ingreso percibido por el Estado, por la venta de empresas departamentales.  Entre tanto, el financiamiento externo para dicho proceso de enajenación provino de un crédito del BID (Préstamo 628/OC-BO) por $us. 60 millones, otro crédito del Banco Mundial (Crédito 2298-BO) equivalentes a $us. 87,18 millones.

Por otro lado, según el informe, el valor referencial de las empresas enajenadas era de $us. 116.477.421, mientras que los bonos extralegales llegaron a $us. 5.180.754, Otro dato nefasto, fue sobre el perjuicio económico causado, llegando a $us. 27.921.319.

Todo este proceso que sumergió al estado en la pobreza, estuvo direccionado por varios gobiernos neoliberales como el de Víctor Paz Estensoro y Julio Garret Ayllón (MNR-ADN 1985-1989), Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés (MIR-ADN, 1989-1993), etapa en la que Samuel Doria Medina fungía como ministro de Planeamiento y Coordinación, responsable de toda la estructura creada para privatizar empresas públicas. De igual manera, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (MNR-UCS 1993-1997), Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga (ADN-MIR-UCS-Condepa 1997-2001) y finalmente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Quisbert (MNR-MIR-UCS-NFR 2002-2003).

En ese entonces, la consigna de los gobiernos neoliberales fue liquidar, a cualquier costo, las empresas públicas. No hubo valoración alguna de su utilidad o del cumplimiento de los objetivos para los cuales habían sido creadas. Se llegó al extremo de querer privatizar empresas que solo eran proyectos (es el caso del Aserradero Chimanes San Borja), detalló el Presidente de la Comisión.

Para este miércoles, está previsto que la Comisión Especial Mixta de Investigación del proceso de privatización y capitalización de las Empresas Públicas del Estado, continúe el informe conclusivo, en su segunda parte, el mismo que cuenta con 2.700 páginas, dividido en tres tomos.