El perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación de 7 empresas públicas estratégicas, durante el proceso de capitalización, tiene un monto estimado de $us 9.576,70 millones. Los datos fueron revelados durante el segundo día del informe presentado por la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas.

El presidente de la Comisión, senador Rubén Medinaceli, durante la presentación de hoy miércoles, mencionó que entre las siete empresas capitalizadas, por los gobiernos neoliberales, figuran la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

De acuerdo a Medinaceli, la ruta del saqueo al patrimonio público, siguió ciertos pasos para ejecutar aquellos procesos. Inicialmente se realizó la contratación de consultoras internacionales para asesorar el proceso, posteriormente se determinó del valor en libros de la empresa, para realizar la conversión de la empresa en Sociedad Anónima Mixta (SAM) con los trabajadores.

Una vez realizado este paso se publicó la licitación para la capitalización de la SAM, se procedió a la adjudicación y firma de los contratos de suscripción de acciones y los contratos de administración, para luego realizar el depósito de las acciones de los bolivianos en un fideicomiso y finalmente la conversión de la SAM en Sociedad Anónima, vale decir en empresa privada.

Casos emblemáticos

Entre los procesos de capitalización emblemáticos que se presentó durante el informe de la Comisión Especial Mixta, está el caso de LAB, que según la investigación, el Estado tuvo un perjuicio económico equivalente a $us 54.551.491,54. Entre tanto, el perjuicio total por la capitalización de YPFB y la entrega de reservas hidrocarburíferas, emergente de dicho proceso, alcanzó a la suma de $us 8.448,35 millones.

YPFB, desde 1985 a 1996, se convirtió en la principal fuente de ingresos del país, con un aporte anual promedio de $us 369 millones. Sin embargo, con el proceso de capitalización de YPFB, se transfirieron 30 campos hidrocarburíferos en producción, a través de contratos de riesgo compartido (28/11/1996), lo que significó dejar sin recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).

De acuerdo a los datos, los aportes de YPFB al entonces TGN, entre 1991 y 1996 tenían un promedio anual de 369,0 millones de dólares. En cambio los aportes de Andina SA, Chaco SA. y Transredes SA. entre 1997 y 2002 realizaba un aporte al TGN de $us  130,6 millones anuales. Existiendo una diferencia de $us 238,4 millones de perjuicio para el Estado.

Para ese proceso, por ejemplo, se contrataron ocho consultoras internacionales para asesorar la capitalización de YPFB, con un costo aproximado de $us 4,41 millones (1995-1996).

Mientras que las reservas hidrocarburíferas entregadas a las transnacionales capitalizadoras y otras empresas petroleras privadas, bajo la figura de contratos de riesgo compartido, alcanzó a $us 3.080.867 que representó un enorme daño económico al Estado.

De acuerdo al Senador, el resultado de la capitalización ocasionó que Bolivia pierda cuantiosas sumas de dinero producto de una forma encubierta de privatización. La subvaluación, un subterfugio para favorecer al sector privado.

Se descapitalizó empresas estratégicas para justificar su capitalización, se dijo “Adiós” al componente social de éstas, donde la definición de precios de productos y servicios estaba a cargo de las transnacionales.

Informe

Mañana, jueves, la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, concluirá su informe que abarca desde el año 1985 hasta el 2005. Recordemos que la primera comisión especial fue conformada en julio de 2013, posteriormente el año 2015 el pleno de la ALP determinó su ampliación.