Este jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional votó el Orden del día Puro y Simple y emitió su Voto de Confianza en la interpelación a los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, tras responder los cuestionarios planteados por legisladores de oposición.
En el primer caso, el ministro Claros respondió un cuestionario de diez preguntas planteadas por la senadora Carmen Eva Gonzales, de la opositora Unidad Democrática (UD), sobre una supuesta reversión de créditos en las empresas telefónicas.
"No existe ninguna autorización para revertir créditos de los teléfonos. Si algún operador estuviera haciéndolo, nosotros lo sancionamos", indicó el ministro, tras casi tres horas de la interpelación.
En el segundo caso, la petición de interpelación fue presentada por los diputados Wilson Santamaría, Miguel Ángel Feeney, Norma Piérola y Edgar Rendón, quienes plantearon 12 preguntas que fueron respondidas con detalle y profundidad por el ministro Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
“Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos son más de 3.5 millones de familias en todo el país, que se beneficiaron con la instalación de gas domiciliario totalmente gratuito, ya que el gobierno cubrió el costo de mil dólares por cada una en el área urbana y de dos mil dólares en el área rural”, explicó el ministro.
Finalmente Luis Alberto Sánchez, informó de que existe un avance del 80% de la nueva Ley de Hidrocarburos y que misma será presentada a la Asamblea Legislativa en los primeros meses de 2017 para su aprobación, esta norma reemplazará a la ley actual 3058 promulgada el 18 de mayo de 2005.
“Hemos trabajado varios días en una especie de retiro, analizando la nueva ley. Tenemos un avance del 80%. Esperamos presentar los borradores en el primer trimestre de 2017. El cuerpo de la ley está diseñado en el upstream y regirán normas como la consulta y participación, compensación, exploración en áreas protegidas, contratos petroleros, ampliación de contratos, incentivos. Además de aclarar las responsabilidades de YPFB como netamente operador y la Agencia Nacional de Hidrocarburos como fiscalizador”, mantuvo.
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