El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), autorizó por más de 2/3 de votos la madrugada (00:35 horas) del sábado, dos juicios de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por los casos de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y el proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

“Queda aprobada la autorización de juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, en su calidad de expresidente y en virtud al requerimiento acusatorio N° 01/2015 del caso ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles)”, dijo el presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, tras la aprobación de la autorización legislativa.

En enero de 2015 la Asamblea Legislativa aprobó las proposiciones acusatorias contra Sánchez de Lozada y más de una decena de ex autoridades sobre estos casos, y según procedimiento, remitió al análisis del Ministerio Público y habiéndose determinado sobre la base de antecedentes acumulados la existencia de materia justiciable en el contenido de la proposición acusatoria, se remite requerimiento acusatorio a objeto de que previa consulta a Sala Plena, el Tribunal Supremo de Justicia remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de considerar la autorización de juzgamiento al ex mandatario.

Los delitos por los que se le acusa a Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso ENFE, refieren a contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. No forman parte de la autorización legislativa; Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo, Theiner, Jaime Villalobos Sanjinés y Fernando Cándia Castillo, ministros de Estado de ese entonces, pero que eran parte del requerimiento acusatorio del Tribunal Supremo de Justicia, por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Forman parte también de ese cuerpo de requerimiento acusatorio, José Luis Landivar Bowles, en su calidad de Presidente Ejecutivo a.i. de ENFE y Rolando Suárez Montoya en su condición de Gerente General de ENFE, ambos por el delito de contratos lesivos al Estado.

La autorización de juicio de responsabilidades sobre el caso FOCAS, es también contra Gonzalo Sánchez de Lozada, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. La autorización legislativa como en el primer caso, no alcanza a Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe, quienes eran ministros de Estado de época y forman parte del requerimiento acusatorio por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Así como Samuel Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento y Coordinación, quien forma parte también del requerimiento acusatorio sobre el caso FOCAS, por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Le siguen el director de Unidad de Coordinación del Proyecto COCAS, Arturo Beltrán Caballero, y el subsecretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, Flavio Escobar Llanos.

En ambos casos el requerimiento acusatorio está formulado por el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, a proposición acusatoria interpuesta por Tania Inés Melgar Henrich, Marcelo Elio Chávez y Emiliana Aiza Parada, miembros de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1989 – 2000.

“En vista de que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha autorizado el juicio de responsabilidades por dos tercios dentro los casos ENFE y FOCAS, de acuerdo a lo dispuesto por el Parágrafo 3 del Artículo 16 de la Ley 044, corresponde remitir los antecedentes de los casos ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles) y FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias) a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, cerró García Linera tras la autorización de ambos requerimientos acusatorios con Sánchez de Lozada.

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