La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el lunes por la noche el informe presentado por la Comisión Especial Mixta de Investigación de los “Papeles de Panamá” que resuelve remitir dos casos al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado para su correspondiente investigación.
“La ALP resuelve aprobar el informe de Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá N°08/2016-2016 de fecha 30 de septiembre de 2017. Segunda, remitir el informe de conclusión de investigación de la Comisión Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, los estudios del caso, anexos y documentación de los casos Comteco y Marinkovic al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado para que inicien las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones”, señala la Resolución.
El documento aprobado también indica que se remitirá el informe de la Comisión, los estudios del caso, anexos y documentación de respaldo de los casos Marinkovic, Romero, Kreidler, Akapana, Dueri, Luzio, Daher y Campuzano al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y a la Autoridad de Fiscalización de Empresas para que inicien las acciones administrativas correspondientes.
El diputado Manuel Canelas (MAS), presidente de la Comisión, explicó que en el caso de Samuel Doria Medina se detectó que a mediados de 2005 decidió vender la mitad de sus acciones de Soboce a la empresa mexicana Chihuahua, pero en agosto de 2005 abrió la empresa Akapana en Panamá para realizar la operación.
“El 22 de septiembre Samuel Doria Medina le vende a sus hermanas el 46,7% de las acciones de Soboce. Hemos visto en los Estados Financieros de Soboce que la transacción fue por 460 millones de bolivianos, que por lo tanto de ganancia hubo 80 millones y que se pagó 20 millones en impuestos. El tema se complica cuando aparece el tercer actor, Samuel le vende a sus hermanas y ese mismo día ellas le venden a la empresa Chihuahua, y los Estados Financieros de los mexicanos dicen que la operación fue por 528 millones de bolivianos”.
Por ello, explicó que el caso fue derivado a Impuestos Nacionales (SIN) y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que se realicen las investigaciones pertinentes.
Canelas también señaló que el trabajo de la Comisión contó con la presencia de expertos en paraísos fiscales, además de la participación de representantes de varias entidades públicas que proporcionaron información entorno a su funcionamiento y el trabajo que realizaron para investigar sobre los Papeles de Panamá.
La comisión de los Papeles de Panamá cerró su trabajo sobre este tema presentando un proyecto de ley contra el mal uso de los paraísos fiscales.
El Legislador indicó que la propuesta de ley presentada por la Comisión tiene tres objetivos: corregir la falta de articulación y coordinación de las distintas instituciones estatales que intervienen en el tema; la reestructuración de la Unidad de Investigaciones Financieras; y que exista una lista de paraísos fiscales.
Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución que autoriza la ampliación del plazo de investigación de la Comisión Especial Mixta para la Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización hasta la conclusión de su trabajo.
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