El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, fue aprobado, este viernes, en su estación en grande y por unanimidad por el Pleno de la Cámara de Senadores; la norma tiene como finalidad fortalecer la oralidad en los procesos del sistema penal, además de generar mecanismos para la limitación de la detención preventiva como una garantía al derecho a la libertad de los grupos vulnerables, entre otros aspectos que hacen de esta Ley favorecedora al sistema judicial.
De acuerdo a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, la norma hace énfasis en favorecer a las mujeres en situación de vulnerabilidad, reduce los tiempos de privación de libertad a favor de las mismas, para obtener la libertad condicional y el cómputo de la redención por trabajo o estudio.
“No podrán ser detenidas, por ejemplo, una mujer embarazada, porque se dieron casos de mujeres que dieron a luz en las cárceles o personas mayores de 65 años, personas que sufren de enfermedades terminales y mujeres que tienen la custodia única de menores de seis años”, explicó la Presidenta.
Según el Proyecto de Ley, que será reanudado en su tratamiento, este próximo lunes, lo que se pretende, con ciertas modificaciones, es afrontar la retardación de justicia, bajo los principios de acceso a la justicia y la tutela efectiva de las y los ciudadanos.
Para Salvatierra, las cifras son alarmantes, en Santa Cruz por ejemplo, de 4.295 personas con detención preventiva en un recinto penitenciario, solo 384 tienen sentencia ejecutoriada.
“Hablamos de un problema estructural, en este momento la justicia dispone (…) que la detención preventiva sea el primer mecanismo, cuando existe otras alternativas que están previstas en la normativa, para la aplicación de medidas cautelares”, sostuvo la Presidenta.
Asimismo, la norma también prevé que si una mujer denuncia violencia, inmediatamente la autoridad que toma conocimiento del caso puede disponer medidas de protección, lo fundamental es precautelar el derecho a la vida de las personas, enfatizo Salvatierra.