Hoy, miembros de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara Alta, a la cabeza de su presidenta, la senadora Patricia Arce, y en el marco de sus atribuciones constitucionales de fiscalización, realizaron una inspección técnica ocular en el recinto carcelario de máxima seguridad del país, Chonchocoro. 

De la verificación in situ en el mencionado penal, participó también el director General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, además de representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. 

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Patricia Arce, manifestó: "Hay el compromiso del Defensor del Pueblo y del Director del Régimen Penitenciario para poder hacer las gestiones correspondientes y obviamente también hay el compromiso de los tres Senadores (de la Comisión) para hacer las gestiones correspondientes, lo que necesitan con urgencia es un médico y también una ambulancia. Hemos podido percibir que hay muchas necesidades, veremos si en el transcurso de los días realmente se cumple (con lo comprometido); si no, haremos la representación correspondiente".

El objetivo de la inspección, fue verificar las condiciones en las que viven los internos del recinto carcelario, además de otros aspectos. 

“Como administración penitenciaria, hemos abierto el penal para que justamente, ellos (los Senadores) puedan hacer las visitas en las diferentes áreas, ver lo bueno, lo malo, lo feo, siempre es importante tener todos los elementos para poder verter las opiniones y poder también coadyuvar a la administración penitenciaria”, sostuvo Limpias, al agradecer la visita y el compromiso de las asambleístas.

Los otros miembros de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral  que participaron de la inspección son senadores Silvia Salame y Miguel Rejas.

El artículo 73, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece: Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

La misma Carta Magna boliviana, en su artículo 74, parágrafo I, dice: Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas.