En conferencia de prensa, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la compra de respiradores, insumos y equipos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, presentó las siete mil fojas de documentación investigada con la que realizó su informe final de 204 páginas y que será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la próxima semana, para su aprobación y remisión al Ministerio Público.

“Será presentado a la Asamblea, si es aprobado será entregado al Ministerio Público, nosotros fiscalizamos no juzgamos, quien tiene que hacer el acto de juzgamiento y la investigación profunda de las cosas es el Ministerio Público”, informó el Presidente de la Comisión legislativa, Senador Ciro Zabala.

La Comisión investigadora conformada por tres senadores y 6 diputados representantes de las tres bancadas políticas realizó su trabajo en 9 sesiones durante tres meses y medio, de forma presencial y virtual debido a las restricciones laborales por la pandemia del coronavirus.

Los asambleístas realizaron la investigación de cuatro casos: Respiradores I sobre la compra de 170 respiradores españoles; Respiradores II sobre la compra de 324 respiradores chinos; denuncias sobre la atención en la Caja Nacional de Salud y el caso de suministro de oxígeno medicinal.

Sobre el caso del oxígeno medicinal, el senador Zabala informo que este tema habría sido utilizado como “una cortina de humo para atacar al anterior gobierno y acusarlo de ser propulsor de muertes”, siendo que el problema del oxígeno comenzó el mes de mayo debido al monopolio entregado a la empresa Praxair por el Gobierno Transitorio. 

El diputado Edgar Montaño que realizó el seguimiento minucioso del tema afirmó que “se encontró agio, especulación y monopolio de parte de Praxair dirigido desde el Ministerio de Salud (…)  recaudaba los recursos económicos y no entregaba el oxígeno para salvar vidas, aquí murieron cuatro personas y eso tendrá que investigar la Fiscalía y la Policía”, denunció.

Por su parte el senador, Edwin Rodríguez, adelantó que el informe final de la Comisión recomienda “iniciar el proceso correspondiente a todas las autoridades involucradas en estas 7.000 fojas (de documentos oficiales) y a quienes no asistieron a los llamamientos que hizo la comisión y (…) sea remitido al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ajusten”.

A tiempo de agradecer a todos los funcionarios que colaboraron con la investigación haciendo entrega de documentación y brindando declaraciones, el senador Rodríguez informó que el informe final fue aprobado por unanimidad de los miembros de esa comisión y que la investigación fue realizada cumpliendo todos los protocolos y sin sesgos políticos.