Tras un largo debate, el pleno del Senado sancionó el proyecto de Ley para Proteger y Garantizar las Actividades Desarrolladas por las y los Trabajadores Gremiales por cuenta propia en el marco de la constitución Política del Estado, trabajado de forma conjunta entre el Gobierno nacional y el Sector Gremial, de forma consensuada.

La norma que contempla diez artículos y una disposición final, considera entre los derechos del sector gremial: al trabajo, en todas sus formas e iniciativas, de acuerdo con sus necesidades y capacidades económicas; a la participación de sus representantes en las instancias de Control Social; al debido proceso pronto, oportuno y transparente; al ejercicio pacífico de su actividad económica en el marco de la normativa legal vigente; a la comercialización de mercancías lícitas, en el marco de la normativa vigente; al transporte de mercancías lícitas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la normativa vigente y a recibir asistencia técnica que coadyuve al desarrollo de su actividad económica.

El Artículo 5 señala como obligaciones: desarrollar sus actividades en el espacio de dominio público que le sea asignado conforme a normativa legal vigente; comercializar preferentemente productos nacionales para fortalecer la economía y el desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia; cumplir las normas de inocuidad, de calidad, de medidas y de precios en la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, respetando los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores y cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por Ley, conforme a la distribución de competencias previstas en la Constitución Política del Estado.

La norma prevé también que el Estado promueva políticas para sector gremial  pueda acceder a financiamientos, a ser otorgados por las Entidades de Intermediación Financiera, para el desarrollo de sus actividades económicas y para el acceso a créditos de Vivienda de Interés Social y para garantizar el acceso a la salud, en el marco del Sistema único de Salud Universal y Gratuito.

Tras su sanción en el Senado, la norma será remitida al Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia.