¿Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar  la alta función de Fiscal General del Estado en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Le preguntó el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Sí, juro. Respondió Fausto Juan Lanchipa Ponce que desde este martes 23 de octubre es el nuevo Fiscal en reemplazo de Ramiro Guerrero que terminó su periodo.

Ochenta y un días pasaron desde el 3 de agosto cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) aprobó el reglamento que rigió la selección y designación del Fiscal General del Estado; un proceso en el que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado cumplió con precisión, las fechas previstas para cada una de las etapas establecidas.

Hoy, tras agradecer a la ALP por su designación, el nuevo Fiscal fijo los actos administrativos que delinearán su gestión y también marcó las que, a su juicio, son las grandes debilidades del Ministerio Público:  

“Soy consciente de que la institución cuya conducción asumo,  enfrenta, particularmente en estos tiempos, duras críticas y cuestionamientos de la sociedad. Soy consciente de que existen muchos problemas en la investigación y persecución penal de los delitos; duración prolongada de los procesos penales, alto índice de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva que se utiliza como un anticipo de pena, sobrecarga de trabajo, hechos gravísimos que quedan en la impunidad; suspensiones de audiencias y otros de una larga lista de debilidades y problemas”.

Lanchipa Ponce puso énfasis en los principios constitucionales de legalidad, oportunidad, responsabilidad y autonomía que marcarán el trabajo en el Ministerio Público  y que todos sus  servidores “deberán aplicar  en todas sus actuaciones, desterrando la discrecionalidad y la arbitrariedad”, dijo.

Los señalados principios constitucionales son, según la nueva autoridad “… el conjunto de preceptos que deben constituirse en la base del proceso de la recuperación de la credibilidad institucional que tenemos el desafío de construir y consolidar durante los próximos seis años (…) De modo que la justicia penal se convierta, al fin, en la última razón de la gestión de la conflictividad y no más en un mecanismo de presión extorsiva o de cobranza de deudas que se materializa con toda su dureza especialmente en los más pobres, en los más débiles en las personas en situación de vulnerabilidad”, remarcó.

FC