El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el lunes el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones legales contra cuatro autoridades: tres ministros y el presidente de la Aduana Nacional; además del extitular del Ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

 

El documento recomienda acciones penales contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de investigación”.

 

“La comisión en su informe señaló que los ministerios no proporcionaron la información requerida (…). La copia del documento será remitida a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales contra las autoridades y exautoridades que estén involucradas en este tema”, informó la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, a la prensa al terminar la sesión.

 

El informe apunta que los convocados presentaron notas con una serie de excusas orientadas a desconocer las atribuciones que, por mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, poseía esta comisión. “Este hecho se hace aún más evidente si tomamos en cuenta que tres de los ministros (Murillo, Núñez y Ortiz) fueron asambleístas nacionales y conocen perfectamente las atribuciones constitucionales que en su momento les fueron concedidas”, detalla el documento.

 

En consecuencia, estas autoridades adecuaron su conducta a los delitos de incumplimiento de deberes; e impedir y estorbar el ejercicio de funciones, ambos tipificados en el Código Penal, indica el documento, de 52 hojas, elaborado por los miembros de la comisión, a la cabeza de la senadora Plácida Espinoza.

 

En el documento, la Comisión Mixta de Investigación evidencia el daño económico causado al Estado, en la adquisición de agentes químicos no letales por parte del Ministerio de Defensa con un considerable sobreprecio, que será determinado por la Contraloría General del Estado.

 

El 19 de diciembre de 2019, sin ser unidad solicitante, el Ministro de Defensa firma el contrato con Bravo Tactical Solutions LLC, por la suma de 250 a 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo, lo que implica que el Estado pagó en total 5,6 millones de dólares por dicho armamento no letal.

 

“Diferentes medios de prensa nacional mostraron documentos en los cuales se evidencia que el Gobierno interino, habría realizado una compra con precios mayores a los pagados por el Gobierno de Venezuela y Ecuador. Además de este hecho, se descubrió que existe una relación de amistad entre diferentes autoridades del actual gobierno y el proveedor, tal cual se evidencia en diferentes imágenes que son de conocimiento público”, señala el informe.

 

En ese marco, la Comisión Especial Mixta de Investigación recomienda remitir copia del informe a la Fiscalía Departamental de La Paz, con la finalidad de que se amplíe la investigación por la compra irregular; y entregar el documento a la Contraloría General del Estado, para que realice las auditorías dentro de la presente investigación, debiendo emitir el informe oportuno en el plazo establecido por Ley.

 

Por último, la comisión investigadora encomienda remitir una copia a la Procuraduría General del Estado a objeto de que realice las acciones legales y el dictamen correspondiente para defender los más altos intereses del Estado, en la presente investigación.