Socializan proyecto de Código del Sistema Penal en Cochabamba y Sucre

Prensa Senado | Jue, 04/27/2017 - 16:07 | Política
Socializan proyecto de Código del Sistema Penal en Cochabamba y Sucre

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, participaron el jueves de la socialización del proyecto de Código del Sistema Penal en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de dar a conocer a la población los alcances del documento, que fue elaborado con las propuestas presentadas en la Cumbre Nacional de Justicia.

El evento cuenta con la exposición y comentarios del experto internacional en Derecho Penal, Alberto Binder, que también desarrollará similar actividad el viernes en la ciudad de Sucre.

“Ha sido un trabajo 100% hecho en Bolivia, a diferencia de lo que sucedía en diferentes experiencias donde se recurría inclusive a la cooperación internacional, o a consultorías que resultaban carísimas para el erario nacional. Esta es una propuesta hecha por profesionales bolivianos, optimizando el uso de los recursos”, señaló Gonzales.

El legislador resaltó la participación del experto internacional, que fue quien guió la elaboración del documento y el trabajo realizado hasta el momento por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El Presidente del Senado calificó el documento como “una propuesta bastante audaz” porque contiene elementos que revolucionarán la justicia en el país.

Asimismo, dijo que el documento aún está en etapa de construcción, por lo que se continuará recabando propuestas de la población y de la sociedad civil organizada.

La propuesta de nuevo Código del Sistema Penal boliviano se sustenta en 10 pilares, con el propósito de encontrar justicia para todos con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de la cumbre de justicia.

La incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica del conflicto, en el marco de la cultura de paz; el involucramiento de la comunidad en programas de justicia restaurativa; el establecimiento de derechos y obligaciones a los operadores de justicia; la priorización de la protección y reparación a las víctimas; y la transformación de la institucionalidad penal.

Así también incluye la recategorización de las infracciones penales; la imposición de la oralidad plena en todos los actos procesales; la inclusión de seis procedimientos ágiles eliminando las distorsiones, dilaciones y chicana; y la limitación del uso excesivo de la detención preventiva.

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