La presidenta de la Comisión de Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco Condori, informó hoy que se trabaja en el endurecimiento de la pena del delito de prevaricato, con el propósito de castigar con toda la rigurosidad de la ley a malos jueces y fiscales que beneficiaron con medidas sustitutivas a violadores y feminicidas sentenciados.

En conferencia de prensa, Velasco informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el marco de la labor de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y Violación, creada a principios de febrero, concentra su atención en proyectos de leyes que modifiquen el Código Penal y el Código Procesal, con el fin de darle mayor transparencia y reducir al máximo la retardación de justicia en los procesos de violaciones y feminicidios.

Velasco dijo que la administración de justicia no es un lucro, es un servicio al pueblo boliviano y eso es lo que tienen que entender tanto jueces, fiscales y policías, al señalar que en la propuesta se plantea que el delito de prevaricato, contemplado en el Código Penal, sea sancionado desde ocho a 20 años de cárcel; cuando se cometa en casos de feminicidio y violación. También explicó que, se endurecerá las penas en el caso de consorcio de jueces, fiscales y abogados.

La legisladora señaló que en cuanto los proyectos de ley pasen de Diputados a la Cámara de Senadores, se viabilizará su tratamiento y aprobación para que sean promulgados por el Órgano Ejecutivo. Lamentó que en lo que va del año se hayan registrado 20 casos de asesinato de mujeres en el país.

Señaló, también, que en el marco del trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio se recapturaron a 10 personas con sentencia, que fueron liberadas ilegalmente por malos jueces; dos por feminicidio, dos por violación y seis por asesinato. Además, hay nueve jueces procesados, de los que cuatro fueron aprehendidos, uno con detención domiciliaria y cuatro se encuentran en etapa investigativa.

Asimismo, destacó los convenios institucionales firmados, el primero, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el Órgano Judicial. El segundo otro entre el Ministerio Público y la Dirección General del Régimen Penitenciario. El tercero entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, para un control cruzado de datos con la ayuda de la tecnología de manera oportuna y veraz que era una de las deficiencias que se constataron.