El senador Efraín Chambi, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta, repudió hoy la "dejadez" de la Fiscalía General del Estado por no realizar una pronta investigación que permita liberar a presos políticos, como Patricia Hermosa, exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, y Carlos Romero, exministro de Gobierno. El legislador pidió al Ministerio Público que actúe en el marco del debido proceso y no se vulneren derechos y garantías constitucionales de estas personas.

“Cuestionamos la dejadez de la Fiscalía General del Estado, que hasta la fecha no esclareció los casos de Patricia Hermosa y Carlos Romero, ya que siguen presos por venganza política”, manifestó hoy Chambi en conferencia de prensa.

En el marco jurídico, la apariencia de legalidad se devela cuando los procesos penales en contra de opositores políticos no persiguen los fines de la ley, sino persiguen cumplir con una agenda represiva estatal que resta solvencia al proceso penal.

“Por tanto, exhortamos al Fiscal General (Juan Lanchipa) a que actué en el marco del debido proceso, con objetividad e imparcialidad y que dé señales al país de que en el Estado boliviano se respetan los derechos y garantías de un Estado democrático”, solicitó el senador.

Finalmente, el asambleísta expresó su repudio contra el ministerio Público por todas las acciones dilatorias y atentatorias de casos en los que hasta la fecha no se pudieron lograr pruebas solventes que justifiquen la detención.

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona detenida o retenida debe ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

En el caso de Patricia Hermosa, hasta ahora la investigación no halló indicios de los delitos por la que se la acusa, como sedición y terrorismo. La exfuncionaria está detenida en el penal de Obrajes, en La Paz, solo por haber tenido contacto con el expresidente Evo Morales. La situación del exministro Carlos Romero también es crítica. La Fiscalía no halló culpabilidad en el proceso de supuesta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), ya que fue la propia exautoridad la que denunció estos hechos en esa instancia.