El Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó este lunes en detalle los 17 artículos que son parte del proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. El tratamiento en la parte de disposiciones finales fue postergado para la siguiente sesión.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Milton Barón, explicó que hasta mañana martes la norma estará sancionada, para su posterior promulgación.

De acuerdo al Senador, la norma contiene partes importantes, entre ellas la aplicación electrónica, a través del “Buzón Electrónico” que habilitan a las partes y los abogados a fin de agilizar los procesos.

“La Ley contiene tres aspectos importantes, el primero que apunta a la reducción de la duración de los procesos penales, ya que en la actualidad los juicios son eternos, pero con esta norma se acortará significativamente”, dijo Barón.

Entre tanto, el segundo aspecto es la protección amplia a niñas y niños, adolescentes y mujeres. “Para el caso de las mujeres se han dispuesto quince medidas de protección inmediata y para la niñez 13 medidas, las cuales pueden ser tomadas por la primera autoridad que atienda a la víctima, en función de precautelar la vida y la integridad física de las víctimas”, precisó el Senador.

Mientras que el tercer eje está referido a devolverle el carácter excepcional a la detención preventiva. “En la actualidad se ha convertido en la regla, cuando lo correcto es que el procesado se defienda en libertad y que la detención preventiva sea una excepción y aplicarse únicamente cuando haya peligro de obstaculización al desarrollo del proceso o peligro de fuga por parte del procesado”, puntualizó Barón.

El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, tiene como finalidad fortalecer la oralidad en los procesos del sistema penal, además de generar mecanismos para la limitación de la detención preventiva como una garantía al derecho a la libertad de los grupos vulnerables, entre otros aspectos que hacen de esta Ley favorecedora al sistema judicial.