El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, exigió a la Fiscalía y otras instancias judiciales, la revisión de las determinaciones de jueces que beneficiaron con libertad a perpetradores de feminicidios y violencia sexual, y aseguró que, debido a los últimos acontecimientos, es preciso un nuevo diseño de la justicia en el país.

“Desde la Cámara de Senadores, exigimos públicamente al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia que revisen todas las medidas sustitutivas y decisiones judiciales que han liberado a feminicidas sentenciados en estos últimos tiempos”, declaró Rodríguez , hoy, en conferencia de prensa.

Informó que actualmente hay más de 18.000 privados de libertad en Bolivia, de los cuales aproximadamente el 40 % (unos 7.000 casos) están recluidos por hechos de violencia contra la mujer. “Desde el 2003 hasta el 2019 que la Comisión Mixta ha hecho una evaluación exhaustiva, de los aproximadamente 7 mil casos contra la mujer, han resuelto alrededor de 300 casos, entre ellos este último, del violador o feminicída serial”, sostuvo.

"Nuestra justicia está atrapada en la corrupción; ahora se requiere un nuevo diseño de la justicia", remarcó el titular del Senado.

En la víspera, el presidente Luis Arce Catacora instruyó la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, que estará conformada por los Ministerios de La Presidencia, de Justicia y de Gobierno; los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados; y los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, y del Tribunal Constitucional, además del Fiscal y el Procurador General del Estado. Esa instancia tiene prevista una primera reunión este viernes y, desde entonces, deberá presentar resultados en los 120 días próximos.

Al respecto y tras augurar un trabajo óptimo con resultados a la brevedad posible, el Presidente del Senado afirmó que también exigirán auditorias permanentes a todos los casos de feminicidio y violencia.

“La gente de a pie quiere resultados y eso va a depender no solamente del poder legislativo y ejecutivo, sino también, de manera compartida, de la misma sociedad, que debe estar comprometida en rectificar la justicia en nuestro país, pero desde ya y no esperar más (…), esto es una responsabilidad colectiva absolutamente de todos”, enfatizó el legislador.
 
Por último, manifestó que, de ser necesario, en el mediano y largo plazo, analizarán y debatirán el endurecimiento de las sanciones, como la castración, cadena perpetua y pena de muerte; pero también la pena de prevaricato de los operadores de justicia en el país.