La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció el miércoles un proceso por daño económico al Estado contra la presidenta Jeanine Añez y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, por disponer del crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin el aval del Legislativo, como establece la Constitución Política del Estado.
“Corresponde hacer un proceso por daño económico al país al Ministro de Economía y la Presidenta porque ella está autorizando estos ingresos. Nosotros estamos preparando toda la documentación porque no puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando”, manifestó en una entrevista con la radio Kawsachun Coca.
Copa aseguró que el Ejecutivo transitorio vulneró la Constitución Política del Estado al recibir el dinero proveniente del FMI sin contar con la aprobación legislativa. El crédito fue rechazado por unanimidad en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados por lo que podrá ser analizado la siguiente gestión.
“El Gobierno de transición vulneró totalmente la Constitución en su artículo 322 porque este crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la ALP y se pagó el interés de 1,6 millones cuando nosotros los bolivianos no conocemos dónde están esos recursos, por eso es necesario que se haga la fiscalización de esos recursos. No podemos permitir que sigan utilizando los recursos del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de la población”, dijo anteriormente la primera autoridad legislativa.
Agregó que lamentablemente este Gobierno de transición usó como campaña política el tema del crédito de 327 millones del FMI. "Este crédito en ninguna parte menciona que es para el bono salud, por lo que no puede ser utilizado con ese fin como lo mencionan reiteradas veces", apuntó.
Copa precisó que ese préstamo fue rechazado de forma unánime por las tres bancadas (MAS, UD y PDC) porque no cumplía con los requisitos que señala la normativa, ni fue especificada por las autoridades del Ejecutivo respecto a la dolarización.