La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores aprobó la madrugada del jueves el Proyecto de Ley del Código de Sistema Penal en su estación en grande y declaró cuarto intermedio hasta las 10h00 del mismo día para su tratamiento en detalle, informó el presidente de esa instancia legislativa, Milton Barón.
“Así es, hoy jueves en horas de la madrugada acabamos de aprobar en su estación en grande el proyecto del nuevo Código de Sistema Penal boliviano y a partir de ello en las siguientes horas continuaremos con el tratamiento en su estación en detalle que significa que lo iremos aprobando artículo por artículo y una vez que terminemos nuestra labor despacharemos nuestro informe al pleno de la Cámara de Senadores”, informó.
El legislador dijo que se le dará la celeridad debida y de ser necesario la Comisión sesionará durante el fin de semana.
El Proyecto Código consta de 681 Artículos, 3 disposiciones transitorias, 6 adicionales y 3 disposiciones abrogatorias y derogatorias.
El Código de Sistema Penal tiene por finalidad racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable sólo cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador.
Se fundamenta en el mandato constitucional de garantizar la construcción de una sociedad justa y armoniosa, sustentada en la cultura de paz, el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes fundamentales; fomentando el respeto mutuo y una vida digna acorde con los tratados y convenios firmados por Bolivia en el ámbito internacional.
La propuesta de nuevo Código del Sistema Penal boliviano se sustenta en 10 pilares, con el propósito de encontrar justicia para todos con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de la Cumbre de Justicia.
La incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica del conflicto, en el marco de la cultura de paz; el involucramiento de la comunidad en programas de justicia restaurativa; el establecimiento de derechos y obligaciones a los operadores de justicia; la priorización de la protección y reparación a las víctimas; y la transformación de la institucionalidad penal.
Así también incluye la recategorización de las infracciones penales; la imposición de la oralidad plena en todos los actos procesales; la inclusión de procedimientos ágiles eliminando las distorsiones, dilaciones y chicana; y la limitación del uso excesivo de la detención preventiva.
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