Por dos tercios, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la resolución que recomienda a la presidencia de la ALP, legislatura 2020-2025, de continuidad al trabajo de la Comisión Mixta de Derechos Humanos, para un seguimiento minucioso a los procesos legales instaurados y los que se puedan instaurar contra las personas que participaron en las movilizaciones de julio y agosto de 2020 en defensa de la vida, salud, educación, democracia y otras reivindicaciones sociales, además de otros casos de trascendencia pública que se consideren pertinente. 

Asimismo, la resolución recomienda continuar observando que los procesos judiciales se desarrollen con total transparencia, denunciando la injerencia y presión que puedan ejercer otras autoridades e instituciones a los operadores de justicia investigadores y representantes del Ministerio Público.

El pasado 18 de agosto, la ALP delegó a la Comisión Mixta de Derechos Humanos una investigación sobre la Judicialización de la política - criminalización de la protesta social y violación de Derechos Humanos entre julio y agosto 2020.

La comisión estuvo conformada por los senadores Ciro Zabala, Teresa Miranda y Silvia Carmen Guzmán, además de los diputados Andrea Bonilla, Sonia Brito, Kary Mariscal, Franklin Durán, Alcides Gallardo, Ana Vidal y Muriel Cruz.