El senador Luis Adolfo Flores cuestionó de manera enfática las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de ofrecer asilo político a Jeanine Añez, sancionada por la justicia de Bolivia a 10 años de cárcel por el denominado caso “Golpe de Estado II”, señalando que el mismo sería parte de las “reuniones secretas” que ambos sostuvieron.
Según diferentes notas de prensa difundidas el pasado 18 de enero del presente año, Jair Bolsonaro afirmó haber mantenido un encuentro reservado con la expresidenta de facto Jeanine Añez.
“El Presidente de Brasil y Jeanine Añez sostenían encuentros secretos, reservados, al margen de toda institucionalidad, qué temas abordarían no se conocen todavía en su integridad; sin embargo, queda claro que nada positivo para las bolivianas y los bolivianos”, sostuvo el legislador a tiempo de remarcar que Bolsonaro “está cometiendo una abierta injerencia en decisiones de órganos independientes de Bolivia”.
Flores recordó que, al margen de la intromisión del Mandatario brasileño en nuestro país, su ofrecimiento va en contra de la normativa internacional para la concesión de asilo político.
Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): “Un solicitante de asilo es aquel cuya petición de refugiarse en un determinado país aún no ha sido procesada. Los sistemas nacionales de asilo determinan quién necesita protección internacional”. Y, “el asilo político es únicamente el que se concede a una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos”.
“Jeanine Añez no está contemplada en ninguna de esas condiciones” que señala ACNUR, expresó el senador Flores.
Remarcó también que el vínculo Bolsonaro-Añez no solo se da en el tema político, sino que alcanza al aspecto económico de características perjudiciales para Bolivia y con daño económico para la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), producto de la octava adenda suscrita en marzo de 2020 entre la estatal brasileña Petrobras y su homóloga nacional, con presencia de Jeanine Añez como “testigo de honor”.
Previo a la octava adenda, se establecía un envío máximo de 30,1 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y un mínimo de 24 MMm3d, que bajó a 20 MMm3d y el mínimo a 14 MMm3d. Este hecho ocasionó que las regiones dejaran de percibir al menos 217 millones de dólares, mientras que la decisión de asumir el costo de transporte del gas desde la planta de Río Grande hasta el Mutún —frontera con Brasil— ocasionó una pérdida de 70 millones de dólares por año.
“Las facturas del mal gobierno, de las malas acciones asumidas y de la complicidad para sostener un régimen de facto en nuestro país, a cambio de favores económicos, la estamos pagando todas las bolivianas y bolivianos, que no solo se ve afectado por una merma considerable de recursos, sino también en actos de intromisión inaceptables desde todo punto de vista de nuestra soberanía”, enfatizó el senador Flores.