El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado, Rubén Gutiérrez Carrizo, aseguró hoy, que la Cámara Alta centra esfuerzos en la transformación de la administración de la justicia boliviana.
 
Indicó que, para ello, se apunta al diseño de una política criminal, que priorice la prevención del delito, la investigación, la sanción y la represión.

“El rostro más débil de la administración de la justicia en el país, efectivamente es el ámbito del derecho penal, ahí tenemos que trabajar en normas, en un nuevo diseño, un perfil de operadores de administración de justicia, basado en la honestidad y probidad”, subrayó el legislador.

Gutiérrez dijo que en el tema normativo para esta gestión 2022, en concreto, se tiene previsto realizar ajustes a la Ley 348, que “debe aplicarse con perspectiva de género”; abordar el tema de agravar la pena por el delito de prevaricato no sólo a 5, sino a 20 años de presídium e inhabilitación en la función pública y otras propuestas de ley, como la sumatoria de penas.

“Abrir la Constitución, pasa por una reforma de la Constitución. Desde mi punto de vista, podemos ir avanzando en la constitución y los convenios y tratados internacionales que nos permita fácilmente poder diseñar una política criminal”, aseveró el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores.

Hasta ahora, la Comisión de Revisión de casos de Feminicidios y Violación Sexual, cuya creación ha sido instruida por el presidente Arce Catacora, ha recapturado a seis perpetradores de estos delitos, además de desarticular consorcios de jueces, fiscales y abogados, que negociaban con la justicia.

“Necesitamos la formación de jueces y hay que institucionalizar para todo el país, hay que limpiar la casa de aquellos malos operadores de la administración de la justicia; pero también ajustar códigos y procedimientos. En fin, hay mucho trabajo que realizar en la transformación de la justicia que hemos encarado para este 2022”, puntualizó la autoridad parlamentaria.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial coordinan y cooperan en la definición de políticas públicas vinculadas al fortalecimiento del acceso a la administración de la justicia, priorizando ante todo la independencia e imparcialidad institucional.