En contacto con la prensa, los senadores Simona Quispe y Félix Ajpi coincidieron en remarcar, hoy, que la realización del ‘cabildo por el censo’ la semana pasada en Santa Cruz, con determinaciones impuestas y nada consensuadas, tuvo un tinte político-partidario con la finalidad de desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido y al país.

Quispe, quien también es la primera Vicepresidenta del Senado, recordó que el proceso censal se trabajó en primera instancia con los gobiernos subnacionales y las universidades, y posteriormente en mesas técnicas.

“Hay que escuchar a la mayoría, esa es la democracia; pero en este caso están (priorizando) más la política”, sostuvo la autoridad parlamentaria.

Ajpi, al calificar de ilegítimo el cabildo, una vez que, dijo, fue un espacio de lectura directa de determinaciones políticas y no así la exposición de los argumentos técnicos y propositivo para la realización del proceso censal.
 
No obstante, aplaudió la predisposición del Gobierno nacional al diálogo para recibir, el 11 de octubre, la propuesta técnica de las entidades que piden un Censo en 2023, como la Gobernación y la UAGRM de Santa Cruz.

“(En un cabildo) se pone en consideración, pero no pusieron absolutamente ningún punto en consideración, simplemente se lo hizo aprobar; por lo tanto, para mí carece de legitimidad ese cabildo. Deberían exponer la parte técnica, en qué estaría fallando el gobierno, ya que tendrían una razón técnica y científica; pero no explicaron nada de eso”, revalidó Ajpi.

Entre las determinaciones del cabildo se aprobó la exigencia del censo para 2023 junto a la amenaza de ir a un paro indefinido y otras acciones, a pesar de que el país se encuentra en un contexto de reconstrucción y recuperación de la economía.