Gonzalo Sánchez de Lozada, en febrero del 2003, reconoció que el proceso de capitalización, que el mismo impulsó, había fracasado, fue cuando lanzó un proyecto de ley para pedir que todos los bolivianos aporten de sus sueldos, un impuesto para salvar al país. Este episodio fue recordado por el senador, Rubén Medinaceli, (MAS) quien cuestionó a quienes defienden ese proceso que dejó a Bolivia en la extrema pobreza.  

“Cómo podemos hablar del éxito de la capitalización, cuando el propio autor, reconoció que éste proceso fue un fracaso”, señaló Medinaceli, al añadir que todo lo prometido para el país no fue cumplido.

El legislador recordó que el proceso de privatización de las Empresas Públicas del Estado, que fue ejecutado por los gobiernos neoliberales, desde 1985 hasta el año 2005, fue una etapa de acciones antieconómicas que causaron daño al patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas.

Recordemos que en enero de este año la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presentó el informe final del proceso de capitalización y privatización, etapa nefasta que tuvo que soportar el país, en el cual se conocieron cuantiosas sumas de dinero que fueron despojadas al Estado. 

De acuerdo a algunos datos de la investigación, el perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación de 7 empresas públicas estratégicas, durante el proceso de capitalización, tiene un monto estimado de $us 9.576,70 millones.